Proponen nueva ley: En 90 días comerciantes que no pagan deudas apeligran caer en quiebra

El gobierno de Mario Abdo Benitez plateó al Congreso Nacional tres proyectos de ley que modifican sustancialmente las reglas para hacer negocios en Paraguay y, en teoría, pretenden mejorar el clima de negocios en el país. La nueva ley derogará por completo la ley de quiebras y establecerá nuevos procedimientos.

Los tres proyectos fueron trabajados en conjunto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Banco Central, el Banco Mundial y abogados especializados.

Como parte del paquete impulsado desde el ejecutivo aparece la ley de resolución de insolvencia. La mismo ya fue presentada al Congreso y actualmente se encuentra para su estudio en comisión. Su eventual aprobación genera alerta y desconcierto en sectores afectados.

El proyecto de resolución de insolvencia establece un régimen que otorga prioridad a los procedimientos orientados a la recuperación de las empresas viables con dificultades económicas. Se plantea, según los proyectistas, un cambio de paradigma: la reorganización es preferible a la liquidación.

De acuerdo a la exposición de motivos remitida por el Ejecutivo al Congreso se pretende mantener la operación de empresas con problemas financieros, protegiendo así el empleo y la utilidad de los bienes de producción, o liquidar de manera más ágil y eficiente empresas inviables.

El principal objetivo del Gobierno es la protección de las MIPYMES, las cuales, según datos oficiales, emplean al 76% de la población ocupada, lo que representa a más de 2,6 millones de paraguayos.

Se argumenta que el sistema legal e institucional paraguayo para la insolvencia de las personas físicas y las personas jurídicas de carácter privado no funciona de manera eficiente, el procedimiento es lento y poco predecible. La nueva ley en el caso de ser aprobada derogará por completo la actual ley de quiebras vigente desde el año 1969.

Especialistas en el área sostienen que el proyecto contiene artículos que afectarán a los deudores comerciantes que se verán obligados a declarar su insolvencia o pedir su quiebra con apenas dos incumplimientos en el pago de sus obligaciones.

El articulo 9 del proyecto establece: “Todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia deberá presentarse dentro del plazo de noventa días ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra o la apertura de un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza o carácter.”

El mismo articulo establece como sanción para los directores o gerentes de las empresas indemnizar a los acreedores por el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Otro aspecto cuestionable y que llama la atención: ¿Por qué los sectores afectados no fueron consultados? Por qué no se generan espacios de debate o de socialización antes de cambiar una legislación que afecta a tantas personas y empresas?

Finalmente, en un contexto de desaceleración económica como el que soportamos actualmente ¿es oportuno establecer nuevas reglas que obliguen al comerciante endeudado a declarar su insolvencia o su quiebra?