El (MOPC), ordena la demolición de una rotonda construida sin autorización en una ruta internacional clave de la ciudad de Salto del Guairá.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante una resolución oficial, ha dispuesto la demolición de una rotonda construida sin autorización en una ruta internacional clave de la ciudad de Salto del Guairá.

La construcción de esta infraestructura, que no cuenta con aprobación del MOPC ni cumple con los estándares de seguridad vial, fue impulsada por un grupo de concejales de la ciudad, liderado por el presidente de la Junta Municipal, Claudio González. Según investigaciones preliminares, estos concejales firmaron un convenio que habría favorecido directamente al Shopping América, generando serias sospechas de beneficios particulares en circunstancias aún no esclarecidas.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, la rotonda representa un riesgo para la seguridad vial, ya que los vehículos que circulan por la zona frecuentemente la impactan, causando múltiples accidentes. Además, el proyecto no fue evaluado por el departamento de viabilidad del MOPC, lo que infringe gravemente las normas establecidas para obras en rutas internacionales.

En declaraciones recientes, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, dijo :
No permitiremos atropellos ni faltas de respeto a las normativas del MOPC. Esta ruta internacional debe permanecer intacta, por lo que la rotonda será demolida en marzo.”

Concejales divididos y apoyo del intendente a las irregularidades
Actualmente, la Junta Municipal de Salto del Guairá se encuentra dividida. Un grupo de concejales, integrado por Claudio González, Armando García, Luis Cabañas, Bicho Báez, Jorge Fleitas y Garrido, es señalado por la ciudadanía por cometer atropellos e irregularidades. Este bloque cuenta con el respaldo del intendente Héctor Morán, quien, aunque no estuvo presente durante la votación que aprobó la construcción de la rotonda, ha apoyado públicamente las decisiones de este grupo, generando mayor preocupación entre los habitantes de la ciudad.

Además de la polémica por la rotonda, se sospecha que este mismo grupo de concejales negocia espacios públicos para la instalación de placas publicitarias, cobrando valores impresionantes por el uso de estos espacios.
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